AMLO EN LA NUEVA DISPUTA POR LA NACIÓN

En 1981, los economistas mexicanos Rolando Cordera y Carlos Tello, publicaron un libro que titularon México, la disputa por la nación, perspectivas y opciones de desarrollo. En aquel momento expusieron que el futuro del país se estaba definiendo entre dos concepciones del desarrollo: Por un lado, la neoliberal promovida por el sector empresarial, que planteaba la paulatina reducción del estado en materia económica, alentar la apertura de espacios a la inversión externa, y una economía nacional cada vez más abierta al libre mercado. Por el otro lado, estaba la opción nacionalista promovida por el gobierno de la república en alianza con el movimiento obrero nacional, empeñados en hacer realidad los preceptos económicos, políticos y sociales contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: un estado fuerte y rector de la economía, el mejoramiento permanente de las condiciones de vida de los trabajadores y justicia social para todos los mexicanos.

Los autores fueron puntuales en señalar que la disputa se libraba en un escenario de acelerada integración de las economías nacionales a un mercado global creciente liderado por los Estados Unidos “La disputa por la Nación que de manera cotidiana, en diferentes terrenos y con desigual intensidad, han empezado a librar las diferentes clases sociales -y sus organizaciones- gira en torno a la definición del contenido y el rumbo del desarrollo nacional”.[1]

“Después de 1976, cuando de manera abierta las organizaciones patronales politizan su poder económico y llevan a cabo una auténtica prueba de fuerza frente al Estado y las organizaciones de masas de las que éste tradicionalmente se ha apoyado, puede advertirse un avance sistemático en el ejercicio político del empresariado. De las incursiones coyunturales del pasado en los asuntos públicos, los propietarios pasan a una participación  permanente y activa en el quehacer político nacional”[2]

En 1976, Luis Echeverría Álvarez dejaba la presidencia de la República Mexicana en la persona de José López Portillo, quien ha sido considerado por algunos autores como el último presidente del nacionalismo revolucionario, posteriormente vendrían Miguel de la Madrid Hurtado y Carlos Salinas de Gortari, con el primero, México ingresó al GAT, y con el segundo, el gobierno consumaría el ingreso del país al modelo económico neoliberal, cuando en 1994 se firma el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, este fue el primer gran paso en la apertura comercial de México que hoy suma más de 40 tratados en la materia.

Resulta por demás explicar que esa “disputa por la nación” iniciada en el periodo echeverrista, no solo fue ganada por el sector empresarial monopólico nacional y transnacional, sino que el sector público abandonó su histórica alianza nacionalista con el movimiento obrero del país, y se convirtió en el principal promotor de la vía económica neoliberal para México.

En el periodo 1982-1994, los empresarios nacionales encabezados por Emilio Azcárraga Milmo, que habían sido los pioneros en la promoción del modelo económico se convirtieron además, en los principales beneficiarios de las reformas económicas y de las concesiones derivadas de la apertura económica del sector público, a cambio, se convirtieron en los mejores aliados del estado mexicano en lo político y lo económico.

“Televisa se vio beneficiada por un régimen postrevolucionario, el cual delegó a la familia Azcárraga el desarrollo de la televisión en México, a través de una serie de privilegios políticos y económicos a cambio de lealtad absoluta en términos de producción informativa y cultural”[3]

Hacemos referencia a estos hechos históricos, porque en mi opinión, a partir de 2012, con el planteamiento y aprobación de las reformas estructurales del Presidente Enrique Peña Nieto, empezó a tomar forma una nueva “disputa por la nación”, y en la medida que se aproxima la elección federal de julio de 2018, esta reyerta se observa con mayor claridad y fuerza en el terreno político y económico.

Pero esta nueva “disputa” no se da entre el capital externo y las fuerzas nacionalistas del país, tampoco es por la instauración del modelo económico, México ya es uno de los países con mayor apertura comercial y de los que otorga mayores condiciones de productividad al capital transnacional, la nueva “disputa por la nación” se da entre dos grupos empresariales nacionales y el motivo principal es el control político de la figura presidencial, y los beneficios que de ella se derivan mediante un programa de gobierno hecho a modo para el ganador en el sexenio 2018-2024 y subsecuentes.

“Esta guerra dio sus primeras señales públicas en 2011, cuando el Grupo Televisa y el Grupo Carso, dos gigantes de la comunicación en México, comenzaron a pelear por el tema de la comunicación, la disputa por la comunicación, como se puede advertir, no nada más representa un jugoso botín económico, sino el control político del presente, pero especialmente del futuro”.[4]

En uno de los frentes de guerra se encuentra el grupo empresarial que desde los setenta ha venido liderando el grupo Televisa, hoy representado por el heredero de la dinastía, Emilio Azcárraga Jean, y como aliados Ricardo Salinas Pliego y Joaquín Vargas, entre otros, un grupo tradicionalmente ligado al gobierno mexicano y a sus distintos Presidentes de la República, que desde el periodo de Miguel de la Madrid se instalaron en “el cuarto de al lado” de Los Pinos, y se han estado beneficiando permanentemente de esa cercanía.

Por el otro lado, se encuentra el grupo que preside Carlos Slim Helú, que nació en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, a partir de otro jugoso negocio con el gobierno mexicano, que no ha podido monopolizar los beneficios que se derivan de la cercanía con el gobierno, pero aspira a controlar la figura presidencial. Este grupo tiene como cabezas visibles a Alfonso Romo Garza y Miguel Torruco, empresarios que hacen las funciones de brazo político, conscientes de que la vía para arrebatar la hegemonía económica y política a sus adversarios, no es luchando por controlar una vieja estructura política partidista burocrática, sino, construyendo su propia opción política para impulsar la vía económica que vislumbran para sus negocios y “para el país”, con este propósito han identificado a Andrés Manuel López Obrador, como el abanderado idóneo para librar esta lucha por el liderazgo económico y político nacional.

¿POR QUÉ AMLO?

Andrés Manuel López Obrador, AMLO, como se le conoce popularmente, quien por más que se nos diga que ha publicado 14 libros, en sus distintas incursiones políticas nunca ha podido plantear un proyecto de país medianamente integral, quienes sí lo tienen, son sus aliados empresarios e intelectuales patrocinadores, el gran mérito de AMLO, el que lo vuelve valioso para este grupo empresarial es su inagotable persistencia de querer ser Presidente de México, y su capacidad histriónica, caudillesca y mesiánica que ha desarrollado en este proceso de lucha, AMLO pasó de ser inicialmente un agitador político que tomaba pozos petroleros, calles, carreteras, que mandaba “al diablo las instituciones”, que impugnaba con intolerancia a sus adversarios (“cállate chachalaca”), a proclamar en 2012 “una república amorosa”, hay que reconocer que en 20 años de tenaz lucha se ha ganado la simpatía solidaria de un importante sector de la sociedad mexicana, y después de tantos años de lucha ya es un contrincante político muy competitivo, por eso resulta ser un excelente vehículo para que este grupo de empresarios audaces participe en la “disputa por la nación”.

AMLO no tiene un proyecto de país, solo tiene consignas con las que ha despertado la simpatía y el consentimiento solidario de muchos mexicanos: “acabar con la mafia en el poder”, “acabar con la corrupción”, “México necesita un cambio verdadero”, “no tienen llenadera”, “no lo tiene ni Obama”, así como algunas elocuencias cargadas de simbolismos religiosos guadalupanos como “MORENA es la esperanza de México”, entre otras.

AMLO, ya se siente como un patriarca de la democracia mexicana, proclama frases como: “El cambio verdadero”; “La esperanza de México”, lo hace consciente de que los mexicanos ya vivimos la alternancia en el poder y los apremios económicos de la mayoría de la población no fueron resueltos, por el contrario, la situación vino empeorando, hoy el 60 por ciento de la población está viviendo en pobreza, esto hace que la mayoría de la sociedad mexicana, en su desesperanza política, continúe buscando un líder “valeroso”, “bondadoso”, un héroe que traiga justicia y equidad para los menos favorecidos, pues independientemente de que las frases o consignas de AMLO son válidas, tenemos que admitir que la mayoría de los mexicanos tenemos una tradición política postrevolucionaria paternalista, y pretendemos que el gobierno resuelva nuestros problemas, pero además, estamos acostumbrados a ejercer nuestro derecho al voto por afinidad emocional, por simpatía, más que por la reflexión en torno a propuestas de trabajo.

Pero las banderas de lucha o consignas de AMLO están bien estudiadas, son válidas y acertadas, ¿quién, en su sano juicio, puede oponerse al “combate a la corrupción, o al “combate a la pobreza”?, el asunto estriba en que nunca ha planteado convincentemente cómo lo va a lograr, lo más que ha podido decir, es que “la pobreza la vamos a combatir acabando con la corrupción y bajando los sueldos de los funcionarios públicos”, “que va a gobernar con austeridad republicana”, o “ que va a combatir la corrupción poniendo el ejemplo desde la Presidencia de la República”, un juego de palabras con mucho significado, que sin decir cómo, le han dado resultados para posicionarse como el aspirante mejor ubicado en los estudios demoscópicos que se publican en los medios nacionales de comunicación.

Podríamos decir, que a esta caudillesca forma de ser, se han sumado los consejos brindados por algunos intelectuales estudiosos de la política además de los empresarios, actores sociales que han fraguado una coincidencia histórica que está tomando forma de movimiento político electoral, en el que se fusionan carisma, elocuencia, autenticidad mesiánica y populismo, con buenas voluntades intelectuales e intereses empresariales nacionalistas, todos proponiendo a la sociedad un “cambio verdadero” basado en la “generosidad” laica y “misericordiosa” de un hombre ya mítico, casi profético que no habla más de lo que sus estrategas le han definido como necesario, porque si habla libremente y desde su elocuencia, aflora su yo verdadero y comete errores políticos que solo le producen desconfianza entre los sectores sociales.

Además de los empresarios mencionados, los distintos medios de comunicación hablan de otras  personalidades como: Marcos Fastlicht Sackler, Jaime Bonilla, Abraham Macedo, Isaac Masri, entre otros, ellos conviven con un importante número de intelectuales y académicos ex comunistas, ex socialistas, políticos de izquierda moderada, académicos de distintas universidades, de corrientes ideológicas humanistas e indigenistas, entre muchos más, todos dando forma a un movimiento político cada día ve crecer sus posibilidades de triunfo en los comicios presidenciales del 2018.

Y para fortalecer a esta figura política operativa pero vacía de ideas, todos sostienen a coro que “AMLO es distinto al resto de la clase política nacional”, que “no tiene cola que le pisen” y que si “la tuviera ya lo hubieran denunciado y bajado”, hablan de AMLO como si fuera un misionero redentor.

Ahora bien, creo que muchos sabemos que las denuncias de anomalías políticas y administrativas han existido, y están ahí en los Tribunales y medios de comunicación, no le afectan por la impunidad de la cual goza la clase política en México, de la que AMLO es parte y también beneficiario, el estado mexicano no investiga ninguna denuncia política porque no le conviene, los asuntos judiciales de los políticos se negocian políticamente y terminan en notas mediáticas sin repercusión jurídica o judicial, por otra parte, AMLO se ha encargado de desvirtuar elocuentemente esas denuncias dándoles calificativos de infundios, para que el ciudadano no las tome en cuenta y piense, que son calumnias de sus detractores para no dejarlo llegar a la Presidencia de la República.

Al respecto, hay que decir, que si bien, nadie ha demostrado que AMLO es un corrupto, tampoco él ha transparentado los ingresos que le permiten gozar de una vida cómoda y andar recorriendo el país en una campaña que ya se extiende a los 20 años. Ahora sabemos que sus hijos también gozan de un excelente nivel de vida dedicándose a lo mismo que el padre, al activismo político honorario de tiempo completo.

“Desde hace dos años el Partido Político MORENA, que preside Andrés Manuel López Obrador a nivel nacional y Martí Batres en la ciudad de México, mantiene en la opacidad información que debe ser pública como los contratos y convenios que firma, el dinero público que ejerce y los informes de su situación patrimonial”[5]

“Solo el 5.71 por ciento de los integrantes del grupo parlamentario MORENA en la Cámara Baja han presentado sus tres declaraciones de este mecanismo para la prevención de actos de corrupción.”[6]

José Fernández Castilla, investigador del ITESM, Campus Ciudad de México, declaró “no me extraña porque cuando López Obrador fue Jefe de Gobierno bloqueó cualquier intento de transparencia en el Distrito Federal, incluida la posibilidad de crear un Instituto de Transparencia”[7]

“Fue conocido el caso de su hoy esposa Beatriz Gutiérrez Müller, quien entre 2001 y 2005 fue asesora de comunicación y posteriormente en asuntos internacionales, y quien salió del GDF en 2005 por un escándalo de salarios excedidos de funcionarios”[8]

Si AMLO vive de los recursos públicos que recibe el Partido MORENA del Instituto Nacional Electoral (INE), entonces vive como todos los políticos de México, del erario público, por tanto, tiene la obligación de transparentar sus ingresos y gastos, y si no lo hace significa que pertenece y vive como la mayoría de la clase política nacional, en la opacidad, por tanto, no es sensato decir que es “diferente a los demás políticos”, y tampoco se puede tomar como un ejemplo de honradez, entonces ¿Cómo es que va a terminar con la corrupción?

También podemos recordar asuntos como las acusaciones de opacidad en la construcción y asignación presupuestal de la Universidad de la Ciudad de México, o la reserva injustificada por 12 años de la información financiera de la construcción del segundo piso del periférico, el desastre financiero de la línea 12 del metro, que si bien le fue heredada a Marcelo Ebrard, a la fecha es una caja negra oculta. Estas son solo algunas de las muchas cosas que nunca han tenido respuesta.

La revista CRÓNICA, publicó un artículo titulado 4 ½ años de AMLO, en el que se describe una extensa lista de evidencias de: autoritarismo, obras inconclusas, deuda pública, opacidad, corrupción, inseguridad e incremento de la pobreza en la ciudad de México, precisamente cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo al frente de la administración de la Ciudad de México.

Con esto queremos decir que el grupo empresarial que apoya a Andrés Manuel López Obrador, no lo hace porque sea un hombre ejemplar, lo utilizan como bandera para ocultar el verdadero sentido de su participación política en el país, lo hacen porque quieren a toda costa desplazar a sus enemigos económicos y apoderarse de la silla presidencial, para beneficiarse de todo lo que ello significa. AMLO lo sabe, su proyecto ya inició y piensan dar el golpe de timón en la elección presidencial del 2018, donde harán todo lo posible porque gane AMLO, para extender su dominio económico y político por muchos años más.

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[1] Cordera, R. y Tello, C. México, La Disputa por la Nación, Perspectivas y Opciones de Desarrollo, Ed. S. XXI, México, 1981, pág.43.

[2] OP Cit. Pág. 43

[3] Larrosa Fuentes, Juan S. La Lucha por las Telecomunicaciones en México II: La integración al mundo postindustrial. 4 de Septiembre de 2014. Rescatado de https://autorreferencial.wordpress.com/la-lucha-por-las-telecomunicaciones-en-mexico-ii-la-integracion-al-mundo-postindustrial/

[4] Op. Cit.

[5] Rafael Montes en Milenio, www.milenio.com, 4 de Marzo de 2016.

[6] El Financiero.com.mx, 7 de Febrero de 2016.

[7] El Financiero.com.mx, 7 de Febrero de 2016.

[8] Excélsior, 15 de Marzo de 2017.

MÉXICO: EL REGRESO AL CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOSTENIDOS

La elección federal de 2012 se desarrolló en medio de un ciclo económico agotado y políticamente reprobado por la sociedad mexicana, doce años de alternancia en el poder no fueron suficientes para realizar los ajustes macroeconómicos necesarios, para reactivar la economía nacional y mejorar las condiciones de vida de la sociedad, por el contrario, a la crisis económica se agregaron otros elementos como el incremento de la incertidumbre sobre el futuro del sector productivo, un lamentable problema de delincuencia organizada e inseguridad pública en calles de ciudades y poblaciones de gran parte del territorio nacional.

Por decisión popular, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su candidato Enrique Peña Nieto, regresaron al poder político. Lo hicieron con un mandato social muy claro: corregir a la brevedad posible los problemas de la economía nacional. Unos meses después, en el 2013 el planteamiento del presidente recién electo también fue muy preciso, realizar un conjunto de reformas legislativas transformadoras para “Mover a México”, impulsar la renovación del ciclo económico y colocar la economía nacional en la vía del crecimiento económico y el mejoramiento del bienestar social.

El planteamiento de las reformas transformadoras recibió distintas opiniones de la clase política, de organizaciones sociales y de las cúpulas económicas. Para algunos fueron motivo de desconcierto y escepticismo, en otros generó desconfianza y en otros resistencia definitiva al cambio, sin embargo, el Presidente de México, respaldado en las cámaras y en los sectores sociales por su partido, tenía que enfrentar esta situación con determinación pero también con apertura; y en el marco de un acuerdo de diálogo entre las distintas fuerzas políticas denominado “Pacto por México”, se priorizaron las reformas y se acordó una agenda para llevarlas a cabo: la reforma educativa, la de telecomunicaciones, la de competencia económica, la financiera, la energética, la hacendaria y la política, entre las de mayor importancia, y que en conjunto permiten impulsar en el corto y mediano plazos, importantes adecuaciones al modelo económico nacional, haciéndolo más eficaz respecto a la satisfacción de las necesidades sociales internas, y más productivo y congruente con el funcionamiento de la economía competitiva global.

2013 fue un año de contrastantes expresiones políticas internas,  por un lado la discusión de las reformas en las cámaras legislativas y, por el otro, los movimientos de grupos sociales vinculados con la izquierda, que se fueron expresando de la protesta a la resistencia, y de la resistencia a la intolerancia. En las principales ciudades del país y en la capital de la República se mezclaban las inciertas protestas de la izquierda mexicana, con las maniobras y ataques orquestados por organizaciones desestabilizadoras, parecía que el Estado perdería el control en cualquier momento.

Sin embargo, muchos más mexicanos con su prudencia, paciencia y tolerancia, sostuvieron su decisión electoral y apoyaron al Presidente de la República, una actitud social importante que, no obstante, no encontraba respaldo inmediato en la gestión pública gubernamental, pues en ese mismo año, el gobierno federal contrajo el gasto y la inversión pública.

Fue un sacrificio muy fuerte para la sociedad, aunque esto también evitó que se continuara con el dispendio de recursos en programas y políticas públicas anacrónicas que lejos de resolver los problemas, profundizaban el deterioro económico y social del país, fortaleciendo los vicios y las expresiones de corrupción institucionalizada, que no permitía mejorar las expectativas de crecimiento y bienestar social.

Para inicios de 2014, el “Pacto por México” había cumplido su misión dando gobernabilidad a las cámaras legislativas, a los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, todas las reformas fueron aprobadas y la guerra contra el crimen organizado se transformó en actos de autoridad dentro del marco del estado de derecho, la captura de decenas de líderes de organizaciones criminales empezó a devolver la confianza de la sociedad en el estado mexicano, y de manera particular en las instituciones y el Presidente Enrique Peña Nieto.

Para finales de marzo de este mismo año lo que parecía más crítico ya estaba pasando, los actos de autoridad sobre las resistencias empezaron a pacificar al país, y las reformas transformadoras empezaron a cambiar los rostros de incertidumbre en semblantes de buenas expectativas.

Quienes más pronto empezaron a reaccionar y mostrar mejor actitud fueron los inversionistas extranjeros, los más atentos al acontecer diario, los más y mejor informados, muchos de ellos empezaron a voltear la mirada hacia México viendo con optimismo el futuro de nuestro país, y por supuesto que hay elementos para pensar que las reformas transformadoras son las correctas y que, sin duda, vendrán tiempos mejores:

·      La deuda externa que por décadas se nos dijo que sería impagable, ahora tiene un peso relativo sobre las finanzas públicas.

·      La capacidad de pago del país ya no representa un fuerte contrapeso para el crecimiento del producto interno bruto.

·      Las reformas transformadoras aprobadas empezaron a producir los primeros resultados, generando consenso favorable entre las instituciones económicas internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), así como entre inversionistas y jefes de estado de las economías más desarrolladas, entre otras voces, que se fueron pronunciando a favor del nuevo rumbo que tomaba la economía mexicana.

·      Las calificadoras Moody´s, Fitch Ratings, Standard and Poor´s y otras, mejoraron la calificación crediticia del país, pasando de A a A+, es decir, un país con solvencia para responder a sus compromisos crediticios.

Hoy muchos analistas económicos y financieros expresan que de los llamados países emergentes, al menos dentro del conjunto de naciones latinoamericanas, Chile y México destacan por sus expectativas de estabilidad política y crecimiento económico, existe consenso fundado de que en 2014 estos países crecerán moderada pero consistente y sostenidamente. No se vislumbran acontecimientos económicos que alteren la planeación en el corto plazo.

Una buena señal de que las medidas tomadas en nuestro país son adecuadas, y de que hay confianza nacional e internacional en la conducción de nuestra economía es, sin duda, el arribo paulatino de los llamados “capitales golondrinos” a nuestro país, sí, aquellos capitales especulativos que van por todo el mundo, de país en país, buscando las mejores tasas de rendimiento en papel moneda, capitales que se mueven de la cuenca del pacífico a Europa, los Estados Unidos y otros países que consideran como los más rentables, de los cuales para el primer trimestre de este año, la banca mexicana registró de manera somera en una entrada del orden de 1.5 billones de pesos, cuando en todo el 2013 apenas sobrepasaron los 300 mil millones de pesos.

Claro, cuando en una economía las cosas se ven bien, estos capitales son los primeros en llegar y, por el contrario, cuando las cosas ya no se valoran con las mismas expectativas de utilidad económica, también son los primeros en salir. Por ahora son una buena señal para la economía mexicana y, por tanto, para los mexicanos.

La mala noticia para esos capitales rentistas que buscan ganancias sin esfuerzo empresarial, es que a mediados de febrero el Banco de México decretó una reducción de las tasas de interés interbancario y demás instrumentos de renta fija y variable, esto modera un poco sus expectativas de venir a engordar y retirarse. Esta medida monetaria tampoco gustó a muchos del sector bancario nacional que venía prestando al sector productivo y social poco pero muy caro, situación completamente desfavorable para empresarios y nuevos emprendedores, ya que el costo del dinero ha mantenido estacionada la economía nacional, urgida de inversiones para la expansión económica y la creación de nuevas fuentes de empleo.

Lo bueno de la medida del Banco de México, es que los ahorradores en bancos, al ver reducidas sus utilidades, tendrán que migrar de la comodidad bancaria rentista al sector productivo en busca de mejores tasas de rendimiento, así la banca privada volverá a jugar el papel social que  históricamente el sistema económico le tiene asignado, como fuente de retroalimentación financiera para el sector productivo nacional.

Ahora bien, una palanca complementaria muy importante para el fortalecimiento de la economía nacional y su crecimiento, es la reforma financiera, que justamente y en buena medida,  se refiere a la reestructuración de la banca del sector público o social, cuya misión es canalizar recursos económicos de manera efectiva, suficiente y a bajo costo al sector productivo, una medida por demás plausible que seguramente se convertirá en el corto plazo, en un pilar fundamental para el crecimiento económico y el desarrollo social del país.

En síntesis, después de un convulsionado 2013 y con las reformas transformadoras aprobadas y en marcha, el 2014 se ve con mayor optimismo, pero México no debe aflojar el paso y continuar haciendo un esfuerzo sostenido en: impulsar con mayor determinación la formación de emprendedores, de mejor capital humano, asignarle mayores recursos al sector científico y tecnológico, apoyar con programas y recursos a la micro, pequeña y mediana empresa, mayor transparencia en el gasto y la inversión pública, intensificar el combate a la corrupción e impunidad, y no bajar la guardia en el combate a la inseguridad y la delincuencia organizada.

EVOLUCIÓN DE LA PLANEACIÓN Y EL DESARROLLO REGIONAL EN MÉXICO

Los antecedentes de la Planeación y el Desarrollo Regional no son nuevos en México. Es una discusión vigente que, según el investigador Gustavo Garza, data de principios del siglo pasado, y puede dividirse en cuatro etapas: las acciones pioneras de 1915–1940; las Políticas de Impacto Territorial Aislado de 1940–1970; las Políticas Urbano-Regionales en la Estrategia Económica Nacional de 1970-1976; y la Planeación Urbano-Regional Institucionalizada de 1977 a la actualidad.[1]

Fue precisamente durante los años setenta del siglo pasado, cuando en las universidades mexicanas empieza a manejarse de manera recurrente el concepto de Planeación para el Desarrollo Económico. Se convierte en una materia obligada para los planes y programas de estudio, y el asunto se va poniendo de moda y transitando de la academia a las instancias gubernamentales. Al inicio de los ochenta, la planeación se vuelve un requisito indispensable en las tareas del gobierno, que en ese momento se autodefinía como el rector de la economía, y la Presidencia de la República decidió impulsar un Sistema Nacional de Planeación Democrática.

En 1983 se reforma la Constitución Política Federal, y desde la Presidencia de la República se diseña un Sistema Nacional de Planeación Democrática. En ese mismo año se publicó una Ley de Planeación, que dio como resultado el Plan Nacional de Desarrollo del entonces Presidente Miguel De la Madrid Hurtado, período 1983–1988.

La planeación y el desarrollo regional nacieron y se fueron desarrollando lentamente como una concepción urbana para tratar de orientar el crecimiento y el equipamiento de las principales manchas demográficas del país, como las ciudades de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla y otras que, a partir de los años setenta, tuvieron un fuerte expansionismo, motivado principalmente por el crecimiento industrial, comercial y de servicios de las ciudades, y producto de la decadencia de las oportunidades de vida en las descapitalizadas y minifundistas zonas rurales, que se colapsaron con la migración de millones de campesinos a los centros urbanos nacionales, y más tarde a los Estados Unidos de Norteamérica.

A casi 30 años de distancia de aquellos acontecimientos, el país se ve aún muy lejos de regirse por un Sistema Nacional de Planeación, y mucho menos democrática. Hoy, las políticas públicas deambulan  movidas por la interpretación individual y coyuntural de políticos y servidores públicos, desprovistas desde su origen de una fuente real que las vincule eficiente y eficazmente con los grandes problemas de la nación y sus regiones. Políticas públicas parciales carentes, además, de una instancia que las conduzca y evalúe para certificar que están atendiendo la demanda social y que están combatiendo de manera eficaz los distintos problemas. Los grandes males de nuestro país podemos resumirlos en: ineficiencia gubernamental, deficiencias en el desarrollo humano, marginación y falta de competitividad de los sectores productivos.

La tendencia que hoy debe tener la planeación y el desarrollo regional es una visión de desarrollo intra y multisectorial integral, equilibrado y equitativo entre las zonas urbanas y rurales. Para ello se requiere, además de la concepción urbanista, una concepción económica, de participación social, y un compromiso político social que apueste a la eficiencia gubernamental mediante mecanismos financieros y esquemas de trabajo diseñados por el gobierno y la sociedad. Sin embargo, en los últimos años las cosas no han evolucionado como se quisiera; las razones son múltiples, y el tema de la planeación para el crecimiento económico y desarrollo social regional continúa empantanado.

En la última década del siglo pasado se fueron multiplicando las voces que pugnaban por una nueva planeación para el desarrollo regional equilibrado del país. Eso propició que en 2001 el Gobierno de la República, mediante su Oficina de Políticas Públicas, que en aquel tiempo presidía el doctor Eduardo Sojo Aldape, propusiera a las entidades federativas del país la creación de Fideicomisos para el Desarrollo Regional, organismos que, se dijo, tendrían una cobertura amplia y una aspiración integracionista de las cinco mesorregiones del país.

Teóricamente, México tiene planteado un esquema de desarrollo regional basado en cinco mesorregiones, y si decimos que es un planteamiento teórico es porque en la práctica no hay una integración regional real, pues cada entidad federativa se las arregla como puede. En algunas entidades federativas la planeación se realiza bien, en otras mal, porque carecemos de una cultura de planeación democrática, participativa, prospectiva y sustentable, y de un modelo que nos permita ir trabajando con los mismos valores, en el mismo sentido y con la misma visión del futuro, otorgando a cada región la atención, el impulso y las inversiones que sus vocaciones productivas requieren.

La finalidad de los fideicomisos, porque aún existen, es fondearlos con recursos concurrentes del gobierno federal y los gobiernos estatales, a efecto de financiar, mediante subrogación de servicios especializados, la elaboración de estudios y proyectos regionales. Para ello se crearon, en estrecha vinculación, los Consejos Técnicos Sectoriales, que en marzo de 2002 recibieron la encomienda de identificar proyectos regionales sectoriales en las cinco mesorregiones del país, un planteamiento que no es malo si la planeación del crecimiento económico y el desarrollo social recibieran la atención que merecen.

Para finales de 2004 algunos fideicomisos iniciaron la elaboración de los Programas de Desarrollo Regional. Algunos se concluyeron a mediados de 2006, como el de la Región Centro Occidente, y otros quedaron en anteproyecto, como los de la Región Centro–País y la Región Sur–Sureste. La razón principal de este frustrado intento fue la falta de entendimiento entre los gobiernos de las entidades federativas, y de éstos con el gobierno federal, algo que parece inadmisible pero que ha sido el principal obstáculo para el desarrollo regional del país.

Paralelamente, desde 2004 la entonces gobernadora de Zacatecas, la economista Amalia García, asumió la Comisión de Desarrollo Regional de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO). A ella se le debe reconocer un excelente trabajo como líder del tema, pues logró llevar la discusión a las dos Cámaras del Congreso de la Unión, y una vinculación armónica con el trabajo de la Oficina de Políticas Públicas de la Presidencia de la República.

Este esfuerzo logró que en el presupuesto federal aprobado para el ejercicio 2005, los fideicomisos consiguieran mil 500 millones de pesos, destinados a financiar obras regionales priorizadas por los comités técnicos sectoriales de cada región. En 2005 Eduardo Sojo dejó la Oficina de Políticas Públicas del Gobierno de la República, con lo que se quedó acéfala una posición estratégica para el impulso al desarrollo regional. No obstante, el 15 de diciembre del mismo año la LIX Legislatura del Senado de la República dio cabida en sesión plenaria a la Iniciativa de Reforma y Adiciones a la Ley de Planeación, que proponía renombrar como Ley General de Planeación del Desarrollo Nacional y Regional. Fue una iniciativa que unía a muchas voces pero que nunca fue dictaminada por las comisiones legislativas correspondientes. No obstante, el tema continuaba vivo como un pendiente que podía retomarse en cualquier momento.

            Hasta aquí los esfuerzos y la coordinación eran someros, pero con logros significativos que marcaban un camino y la disposición de avanzar. Sin embargo, en 2006 vino el cambio de gobierno, y el entonces presidente Felipe Calderón se percató de que el tema de planeación y  desarrollo regional estaba siendo impulsado por senadores, diputados y gobernadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con importantes alianzas de Legisladores de su partido y de funcionarios del gobierno anterior, y optó por desestimar el asunto, dejando entrever que no era una prioridad para su gobierno. Con ello vino una fuerte indiferencia hacia el trabajo concreto realizado durante más de seis años.

En noviembre de 2007, en ocasión de la Inauguración del Primer Foro del Desarrollo Regional, organizado por el Senado de la República, la Cámara de Diputados y la Conferencia Nacional de Gobernadores, la entonces Gobernadora de Zacatecas, Amalia García, señaló: “… quiero subrayar que respecto al desarrollo regional han participado muchos actores, pero algunos han sido fundamentales, el actual Diputado Carlos Rojas, Senador de la República en la Legislatura pasada, y el entonces Titular de la Oficina de Políticas Públicas del Gobierno de la República, el doctor Eduardo Sojo, así como los gobernadores de los estados de la república que han trabajando intensivamente en un proyecto, en esa Ley General de Planeación del Desarrollo Nacional y Regional.”[2]

En aquel tiempo, el que redacta estas líneas era Presidente del Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro–País, representando al Gobierno del Estado de Puebla en el Comité Ejecutivo del Fideicomiso (FIDCENTRO). Para entonces, el Presidente Felipe Calderón ya había dispuesto que los fideicomisos dejaran de tener relación con la oficina de la Presidencia de República, señalando a la Secretaría de Desarrollo Social como el nuevo interlocutor, sin que existiera un documento oficial o un acto donde se diera este relevo institucional, no obstante que los recursos federales para los fideicomisos siempre habían sido presupuestalmente etiquetados y por tanto aportados por la Dependencia que a partir de este momento los tutelaría, por decirlo de alguna manera.

Las reuniones prosiguieron con cierta dificultad en la Secretaría de Desarrollo Social, reuniones que nunca contaron con la presencia de la entonces Secretaria del Despacho, señora Sara Topelson. Ahí se inició un fuerte desentendimiento entre los integrantes de los fideicomisos y la representante de la Secretaría de Desarrollo Social. El Presidente de la República concluyó y publicó el Plan Nacional de Desarrollo, en el que se menciona, de manera tangencial, diecisiete veces el concepto de desarrollo regional, y a partir de entonces y durante todo el sexenio nunca tuvo un papel relevante porque el tema tiene una misión descentralizadora y desconcentradora, algo que no es muy compatible con un gobierno cuyo perfil ideológico es conservador y por naturaleza centralista.

El mismo 7 de diciembre de 2007, durante el Primer Foro de Desarrollo Regional, el senador perredista por Tlaxcala Alfonso Sánchez Anaya, que había sustituido a Carlos Rojas en la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la República, señaló: “… la actual Comisión de Desarrollo Regional del Senado, que me honro en presidir, no está dispuesta a que se pierda esa riqueza del debate en la informalidad de los pasillos y que finalmente no detona hacia un dictamen necesario en la colegiadora y que de darse otorgaría continuidad al proceso Legislativo Constitucional.”[3]

Esto ya presagiaba la debilidad de los esfuerzos por contar en el país con una Legislación en materia de Planeación y Desarrollo Regional a la altura de las apremiantes necesidades que tenemos como nación, pues la planeación para el desarrollo regional es impostergable en cada entidad federativa, en cada municipio y en cada localidad, barrio o colonia del territorio nacional.

En los foros realizados durante 2004, 2005 y 2006, organizados por el Colegio Nacional de Economistas en la Universidad de Chapingo, en el estado de México, y Culiacán, Sinaloa, se señaló reiteradamente que “los actuales programas de gobierno federal son inadecuados, desarticulados y con poca participación efectiva de los productores locales en el diseño de las estrategias de desarrollo de sus propias comunidades”[4].

Éste es el sentir social respecto a la elaboración de todos los programas gubernamentales. Hoy día resulta ser un acto de arbitrariedad la unilateralidad con que el sector público diseña y desarrolla sus políticas públicas, asumiendo íntegra -pero indebidamente- la responsabilidad de ello, sin ocuparse tampoco del seguimiento y medición de los resultados de la gestión, y por lo tanto sin llegar a rendir cuentas de los resultados de la administración pública. 

Hasta hoy día, independientemente del partido político que gobierne, México está inmerso en un evidente conservadurismo político fuertemente centralista en la toma de decisiones económicas, políticas y sociales. Ésa es la realidad que envuelve a entidades federativas y municipios, donde el debilitado federalismo mexicano, lejos de ser una vía para el desarrollo, se ha convertido en un freno de mano que inmoviliza las economías locales, reduciendo su capacidad de maniobra para promover el desarrollo de sus fuerzas productivas, situación que las adhiere como entidades corporativas altamente dependientes de un poder central que cada día, en la medida que se colapsa con mayor evidencia, endurece las medidas de control político y económico, que no son otras más que restricciones en el manejo presupuestal. En octubre de 2010 se dio un paso más en retroceso hacia un viejo modelo evidentemente centralista, al firmarse el Acuerdo Nacional para la Policía Única, un producto más de la falta de disposición para descentralizar funciones y presupuestos, aunque también puede interpretarse como un acto consentido y de sumisión de los gobernadores.

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[1]  Garza Villarreal, Gustavo. Descentralización, Tecnología y Localización Industrial en México.  Ed. Colegio de México, México, DF, 1992.

[2] Desarrollo Regional.  Memoria del Primer Foro de Desarrollo Regional Senado de la República. Pág. 21, México, 2007

[3] Op Cit. Pág. 12

[4] El Economista Mexicano, No. 13 y 14, Abril – Junio de 2006, pág. 89 

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