DESAPARICIÓN O FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES LOCALES

Bajo los argumentos de que los organismos electorales estatales están controlados por los gobernadores, los partidos políticos dominantes, que los presupuestos de los organismos estatales electorales son muy pesados para las finanzas públicas nacionales, y que dichos organismos no garantizan la legalidad e imparcialidad, en el pasado mes de septiembre inició una tensa discusión respecto a su desaparición o permanencia.

Pero la discusión no es nueva, desde hace varios meses la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), realizó una propuesta con la intención de reformar la legislación federal electoral, en el sentido de desaparecer los organismos estatales electorales, y que se cree el Instituto Nacional de Elecciones (INE), para que se haga cargo de los procesos electorales federales y locales en el país.

Desde su presentación pública la propuesta recibió múltiples comentarios en diversos sentidos. Algún sector del Partido Acción Nacional la recibió con interés manifiesto, otro sector del mismo partido la vio con reservas, en el mejor de los casos la propuesta polarizó las opiniones al interior de ese partido.

Algunos  Gobernadores como el perredista Arturo Núñez de Chiapas, recibieron la propuesta con cierto interés y la sometieron a estudio dándole el beneficio de la duda.

Algunos especialistas en el tema como el ex-titular del Instituto Federal Electoral, académico, investigador, y hoy consultor en temas político electorales y de gobernabilidad José Woldemberg, de plano se ha  pronunciado a favor de la vigencia de los organismos estatales electorales.

La Conferencia Permanente del Congresos Locales (COPECOL), que reúne en un mismo foro de discusión a los Legisladores Locales de todos los partidos políticos de las entidades federativas, en su Tercera Asamblea Plenaria, celebrada los días 28, 29 y 30 de agosto del año en curso, concluyó los debates con un pronunciamiento aprobado por consenso en contra de la creación del Instituto Nacional de Elecciones, etiquetando la propuesta como eminentemente patronal, conservadora y centralista.

 

Pero la discusión ha cobrado mayor fuerza y atención sobre todo a raíz de que los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, presentaron en septiembre pasado ante el congreso de la unión, sus respectivas reformas a la Legislación Federal Electoral.

 

El tema ha despertado una gran y saludable controversia: Armando Ismael Maitret Hernández magistrado de la Sala Regional del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se ha pronunciado a favor de la permanencia de los Institutos Electorales Locales, considerando que la desaparición no es la solución a la falta de autonomía.

 

En tanto que el Presidente y Magistrados del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Puebla Francisco Javier de Unanue y Bretón, considero la propuesta como una “concepción equivocada de la democracia”.

 

Creo que en general, los expertos y académicos se han pronunciado en contra de la propuesta de crear el Instituto Nacional de Elecciones, calificándola hasta de “retrograda” y contraria al espíritu federalista de la Constitución política de 1857.

 

Los Argumentos de quienes reprueban esta alternativa son diversos, pero la generalidad coincide en considerarla como, “un atentado contra el Federalismo y la autonomía de las entidades federativas”. Además, sostienen que analizando el presupuesto de una elección federal, y el ejercicio agregado de los organismos de las entidades Federativas, resulta ser más caro el proceso electoral centralizado que el descentralizado.

 

Otro argumento en contra de la propuesta Patronal señala, que un Código Electoral Nacional generaría un universo de inconvenientes por la diversidad de características, usos y costumbres, que integran la democracia representativa de cada entidad, sus regiones y municipios.

 

Lo cierto es que la propuesta dará mucho de qué hablar en los próximos meses o quizás años, por lo pronto las dirigencias del PAN y la COPARMEX presionaron para que la propuesta formara parte del Adendum del “Pacto Por México”, un gran logro para la Confederación Patronal aunque, se ve muy difícil que pueda prosperar para la próxima Reforma Política Electoral Federal,  a menos que el PAN aliado con el PRD la presenten como condicionante para otorgar su apoyo a la Reforma Energética.

 

Por mi parte, deseo expresar que nadie puede negar que los organismos estatales electorales están pasando por una profunda crisis de credibilidad, crisis que se refleja en cada proceso electoral, donde los organismos son cuestionados y exhibidos como apéndices gubernamentales locales, porque en el mejor de los casos son el resultado de las negociaciones partidistas en los congresos locales donde son electos los consejeros que los integran, por esa razón, la participación ciudadana en los procesos comiciales locales ha descendido, y en algunas entidades federativas  ya está por abajo del cincuenta por ciento de las listas nominales.

 

Esto ratifica que efectivamente por la falta de legitimidad y la sospecha de parcialidad de los organismos electorales, estos ya no representan efectivamente a la sociedad, sino a las fuerzas políticas partidistas o gubernamentales que los proponen y eligen, y por tanto, no son árbitros imparciales en las jornadas político-electorales de estados y municipios.

 

En tal circunstancia, es importante reconocer el grave estancamiento en el que se encuentra nuestra democracia representativa, y por tanto, considero que es urgente motivar un dialogo social amplio que nos permita encontrar las puertas de salida a un nuevo ciclo, marcado por el fortalecimiento de los organismos electorales como parte esencial en el avance de nuestra cultura democrática.

 

En tanto no se concrete esta discusión amplia creo pertinente expresar, que la defensa del federalismo, de la autonomía de la entidades federativas y municipios, dependen de la ciudadanización efectiva de los órganos electorales; de un sistema vigoroso de fiscalización del uso de recursos en las contiendas políticas locales; y de la existencia de sanciones ejemplares que generen jurisprudencias en las campañas políticas.

 

Esto es, que el fortalecimiento de los órganos electorales locales debe lograrse con la ciudadanización real, donde los consejeros electos no tengan vínculos con los partidos políticos o instancias gubernamentales, para ello la selección debe hacerse mediante convocatoria abierta, sin candados de exclusión, donde los consejeros puedan ser electos no por los congresos Locales, sino por un organismo ciudadano comprometido con la cultura política democrática.

 

Insisto, el fortalecimiento de los órganos electorales debe lograrse sustituyendo el amañado proceso de selección y elección por votación en las legislaturas locales (Grupos Parlamentarios Partidistas), donde la negociación vicia el proceso, quedando en un mero reparto de posiciones votadas por consenso, en sustitución de esta, proponemos como método un proceso de selección y elección ciudadana por insaculación.

 

Pero también es necesario fortalecer los órganos electorales locales, con autonomía presupuestal y con un fuerte sistema de fiscalización sobre la procedencia, uso de recursos y topes de campañas, para hacerlas más equitativas y que dejen de ser lo que hoy parecen ser,  subastas o tianguis de votos y votantes.

 

El fortalecimiento de los órganos electorales locales, también debe lograrse mediante el endurecimiento de las legislaciones electorales, con el propósito de tipificar los excesos de gastos y las violaciones a la ley como delitos graves y causas de nulidad de las candidaturas, solamente así, podrán erradicarse las tentaciones de candidatos pragmáticos, que en su búsqueda voraz de poder atropellan todo propósito de consolidación de una cultura democrática de calidad para nuestro país, para las entidades federativas y municipios.

 

PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE DECLARE A LOS FESTEJOS TAURINOS COMO "PATRIMONIO CULTURAL INTANGIBLE DEL ESTADO"

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA LVIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

P R E S E N T E S

                   El que suscribe José Lauro Sánchez López, Diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y  Soberano de  Puebla someto a consideración de esta Honorable Asamblea, un PUNTO DE ACUERDO, mismo que sustento en los siguientes:

CONSIDERANDOS

El toro de lidia de nuestros días tiene sus antecedentes más profundos en el antiguo URU o toro salvaje, que hace miles de años habitaba los bosques del norte de Europa, de ahí emigró al sur de Francia y posteriormente a la Península Ibérica, donde los pobladores de Andalucía delimitaron las zonas de estancia, y al cabo de generaciones el toro salvaje se transformó en toro de lidia.

En España la tauromaquia es mucho más antigua que en México, los españoles heredaron de los cretenses el lanceo con toros bravos, y en el medievo peninsular esta fue una actividad sublime de los caballeros andantes, se dice que el Cid Campeador fue, entre otras cosas, un destacado lanceador.

Durante los siglos XVI y XVII el toreo a caballo, que era una actividad reservada para la nobleza, alcanzó su rango más significativo como actividad demostrativa del valor y nobleza, no obstante, al paso de las décadas, ya en el siglo XVIII, el toreo peninsular ecuestre vasco y navarro perdió audiencia, paralelamente los andaluces empezaron a desarrollar el toreo a pie, que se fue arraigando en el gusto de un público cada vez más amplio y sensible; ello propició el surgimiento de figuras del gusto popular dieciochero como la de Pepe Delgado, mejor conocido como Pepe Illo.

La fiesta de los toros llegó a América prácticamente con Hernán Cortés, aquí se adoptó como festejo taurino,  y se arraigó en las costumbres populares desde las primeras décadas de la conquista, así lo demuestran las más antiguas ganaderías como la de “Atenco”, enclavada en el valle de Toluca, cuyo registro data de 1528.

A esta le siguen otras como la de “San Mateo”, “Piedras negras” y “la Punta”, todas ellas consideradas ganaderías madre del toro bravo mexicano, y origen de los festejos taurinos de nuestro país.

El toro bravo no es un animal doméstico, es un animal de características especiales, su crianza requiere de un ambiente natural rústico, semidesértico y semiaislado, requiere condiciones de libertad plena.

Esto nos permite decir que el toro de lidia contribuye al equilibrio ecológico, toda vez que las ganaderías son espacios reservados donde se respeta la flora y la fauna silvestre, haciendo de las ganaderías áreas naturales protegidas donde el ganado vive en libertad.

Para entender la naturaleza del toro bravo hay que verlo y comprenderlo desde que nace en su hábitat natural. Valorar adecuadamente su desarrollo y plenitud que lo habrá de llevar a la muerte.

Cuando el toro bravo alcanza su madurez plena va arreciando su carácter, su bravura, los machos compiten entre ellos y pueden herirse o matarse. El toro de lidia necesita comprensión más no compasión, el toro de lidia se defiende solo.

Quienes desde el naturalismo compadecen al toro le agravian mucho más, o peor, que los que le hieren o matan, dice el escritor español José Bergamín, que “El único insulto para el toro bravo es la compasión”.

El verdadero toreo no se burla del toro, ni del público, es un espectáculo, sí, pero un espectáculo verídico, donde el toreo es naturaleza y arte vivo.

En el toreo, al toro de lidia no se le busca, se le encuentra, al embestir el toro no exagera su poder, lo expresa con el temor de su pujanza de fuerza natural viva.

En el toreo, al toro se le respeta en su espacio y fuerza, el torero que pisa el terreno del toro, acaba con el toreo y con el toro a cuestas.

El toreo no debe verse como un fenómeno social aislado de su realidad, hay que verlo desde el origen y siempre dentro de su realidad, como arte, juego, fiesta y ritual místico trascendente.

El toreo tiene un doble contenido: es ejercicio físico estético, y es un juego metafísico. En el lucido arte del toreo las virtudes de: ligereza, agilidad, destreza, flexibilidad y gracia, hacen posible que en la escena del toreo domine la línea curva, aquella que compromete al artista, al dibujante, al escultor, al danzante, obligándolo a pensar, a ser expresivo, a definir y tener un estilo único.

En el toreo, toro y  torero van recorriendo el terreno en línea curva, dibujando un círculo donde el toro va siendo recogido suavemente por los vuelos de la muleta.

El toreo hay que verlo, entenderlo y apreciarlo como arte a partir de la percepción y el razonamiento, es un oficio donde brillan la pasión y la destreza; dos factores necesarios para valorar cualquier tipo de arte.

Para conocer y valorar estéticamente el toreo tenemos que entenderlo, pero si nuestra sensibilidad y juicio se oponen a ello, no hay manera posible de comprender ese arte que surge del misterio de torear.

El torero se viste de luces para oficiar, es la expresión visible de la inteligencia, el valor artístico y la gracia estética, el toreo se hace por la tarde, porque como antiguo ritual tradicional, la muerte del toro se ofrece al dios sol para que vuelva al día siguiente.

El traje del torero se enciende de luces inmortales, para iluminar en la escena un juego de oposiciones, las más naturales para el ser humano: la vida y la muerte, el toreo con plasticidad profunda es electrizante para quien lo crea y para quien lo contempla.

Por eso, la fiesta de los toros es más que un espectáculo, es una ceremonia, un ritual de arte y vehemencia, donde se crean y se corean estampas plásticas únicas e irrepetibles.

Se dice que la fiesta brava es cruenta, y efectivamente lo es. El toro vive su lucha, y muere en ella,  la fiesta de los toros es el medio necesario para que el toro bravo continúe viviendo.

No es correcto considerar el toreo como una extensión de  la violencia social que hoy nos trauma y nos roba la tranquilidad, el toreo no es violencia, es fusión de pasiones envueltas en un manto de racionalidad.

Si desaparece el toreo, desaparecerá la figura milenaria y mística del toro bravo, y con el desaparecerá una expresión de nuestra realidad, de nuestra cultura costumbrista centenaria.

La crueldad de la fiesta brava es condición ineludible de la existencia de la belleza del toro de lidia.

Pedir la abolición de los festejos taurinos, es condenar al toro de lidia a su muerte   y extinción.

Quienes abogan por decretar la extinción de la fiesta de los toros, no han pensado que también tendrían que firmar y entregarnos el acta de extinción del toro bravo.

Sobra decir que en Puebla existe en todo el estado, un vasto público que gusta y disfruta de la tauromaquia,  y se siente parte del ambiente social que le envuelve, Puebla es taurina por tradición y hoy su afición está más consciente y vigente que nunca.

Por otra parte, tenemos que decir que la fiesta brava es una industria que mueve y genera derrama económica para decenas de miles de personas: ganaderos, vaqueros, forrajeros, herreros, veterinarios, matadores, novilleros, subalternos, empresarios, artesanos, vendedores de alimentos, transportistas, entre muchos otros, cuyo ingreso familiar depende del toro de lidia.

El artículo 1, fracción I de la Ley de Cultura del Estado de Puebla,  establece dentro de sus objetos, que debemos “Reconocer el derecho de todo habitante de la Entidad a la valoración de sus manifestaciones culturales y a la creación, así como a la participación y disfrute de la vida cultural”.

En virtud de ello,  nos pronunciamos por el respeto al derecho de las preferencias y gustos de todos los ciudadanos.

Nos pronunciamos por la permanencia de los festejos taurinos, como una de nuestras tradiciones típicas que enriquecen la diversidad cultural poblana y nacional.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales que me asisten como legislador, me permito someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:

P U N T O    D E   A C U E R D O

ÚNICO.- Se exhorta al Ejecutivo del Estado para que a través del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla,  se declare a  los  Festejos Taurinos como “Patrimonio Cultural intangible del Estado Libre y Soberano de Puebla”.

Atentamente

H. Puebla de Z., a 15 de marzo de 2013

PUNTO DE ACUERDO SOBRE EXPLOTACIÓN MINERA EN TETELA DE OCAMPO

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA

DE LA LVIII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE PUEBLA

P R E S E N T E S

                   El que suscribe José Lauro Sánchez López, Diputado integrante del Grupo Legislativo del Partido Revolucionario Institucional, con fundamento en lo establecido en los artículos 63 fracción II y 64 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 44 fracción II y 144 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y  Soberano de  Puebla someto a consideración de esta Honorable Asamblea, un PUNTO DE ACUERDO, mismo que sustento en los siguientes:

CONSIDERANDOS:

A partir  del año 2010, y de manera especial en el 2011, el precio del oro y la plata, registraron un incremento superior al 25 por ciento en el mercado internacional, respecto a la década anterior.

Como es de suponerse, este repunte en el valor monetario motivó un incremento de más del 60 por ciento de las actividades de exploración y explotación de las empresas mineras nacionales y extranjeras, pues durante los años mencionados obtuvieron la mayoría de las 2,155 concesiones otorgadas en el último sexenio federal.

La empresa minera FRISCO, SA de CV., que data del siglo XVII, reestructurada en 1962, mediante una fusión de capital extranjero y nacional, adquirida en 1985 por el Grupo CARSO, es una de las más importantes en el país con seis proyectos en explotación y un número mayor en su portafolio de negocios.

Uno de los proyectos que la empresa FRISCO tiene en tentativa, es el denominado “La Espejera”, con una supuesta concesión para exploración de más de 10 mil hectáreas, un lote ubicado en las montañas de la Sierra Norte, comprendiendo los municipios de Tetela de Ocampo, Ixtacamatitlán y Zautla.

La técnica que la empresa pretende emplear en la explotación de ese proyecto es por “tajo”, consistente en la remoción total de la capa vegetal de las montañas, para posteriormente realizar cortes en la tierra hasta de 80 metros de profundidad.

La tierra es sometida a un proyecto de lixiviación mediante una mezcla de agua, cianuro, arsénico y mercurio, entre otras sustancias altamente contaminantes, y los lodos depositados en grandes lagunas, mientras el metal es recolectado y fundido en barras de oro y plata para su comercialización.

Como podrá apreciarse, el proceso de explotación en “La Espejera” sería un ecocidio absoluto de flora y fauna, cuyos efectos se resentirían en: cambios en el clima, reducción y modificación de la precipitación pluvial, incremento de la temperatura y cambios en la velocidad de los vientos, además de la contaminación de la tierra y aguas superficiales y subterráneas.

Un escenario holocaustico de grandes proporciones y graves consecuencias, para las poblaciones que viven en esa región, para los poblanos, los mexicanos y la comunidad mundial.

Esto debe llevarnos a pensar que el oro y la plata pudieron haber sido muy importantes en el mundo antiguo y hasta el medievo, pero no en este momento, donde los verdaderos tesoros del ser humano son: el clima, la flora, la fauna, el agua y el aire limpio.

Desafortunadamente, la actividad minera en nuestro país está bajo el amparo de nuestra legislación federal, toda vez que la Ley Minera pone el territorio nacional a disposición de las empresas, sin ninguna consideración respecto a los derechos humanos, sociales, económicos y ambientales, por el contrario, el artículo 9, en su fracción XIII, trata a los trabajadores y ciudadanos en calidad de servidumbre de las empresas.

El artículo 6 de la Ley Federal Minera dice: “La exploración, explotación y beneficios de los minerales o substancias a que se refiere esta ley son de utilidad pública, y serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno”.

No es posible  que la Ley conceda protección y libertades absolutas a los buscadores  de tesoros, por encima del derecho de las comunidades y regiones a aprovechar y preservar sustentablemente: la biodiversidad, el clima y aguas que conforman su hábitat natural.

No es posible que el gobierno de la república financie y ponga a disposición de las empresas mineras, un organismo técnico descentralizado denominado Servicio Geológico Mexicano, que tiene como propósito generar o apoyar a las empresas privadas a generar la información geológica y geohidrológica, para que puedan llevar a cabo la exploración y explotación de lotes mineros en el territorio nacional.

Más aún, en el artículo 7, fracción VII de la Ley Minera se aclara que son atribuciones de la Secretaría: ”integrar los expedientes y resolver en términos de la presente Ley y de la materia, solicitudes de expropiación, ocupación temporal o constitución de servidumbre para llevar a cabo la exploración, expropiación y beneficio de minerales o substancias sujetos a la aplicación de esta ley”.

Estos criterios de la Ley son francamente feudales o eminentemente neoliberales, ajenos a la nueva realidad socioeconómica y medioambiental que vivimos en el planeta.

Es sorprendente la frivolidad con que Ley en su artículo 19, Fracciones IV, V y VI, otorga a los concesionarios el derecho a promover expropiaciones, constitución de servidumbres, el derecho primario del uso de agua para la actividad minera, sin reparar un ápice en cuestiones sociales y medioambientales.

No nos oponemos a la minería y al aprovechamiento de los recursos minerales, pero esta actividad no puede estar por encima de criterios ecológicos y de vida en las comunidades, por marginadas o subdesarrolladas que estas parezcan.

La legislación minera no habla de la contaminación del suelo, agua y aire, sólo de manera tangencial se refiere al impacto ecológico, pero sin señalar de forma clara y precisa las acciones que las empresas están obligadas a realizar para mitigar o resarcir los daños a la sociedad y el medio ambiente.

A esto debemos que la empresa minera FRISCO en su perfil empresarial de promoción, dedique un párrafo insignificante para decir que es una empresa “socialmente responsable”, y que “cuenta con las mejores prácticas para el manejo del cianuro” y un vivero para resarcir la “huella ecológica”, refiriéndose a acciones insignificantes de reforestación y sostenimiento de una UMA en Chihuahua.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los preceptos legales señalados, me permito someter a consideración de esta Soberanía el siguiente:

P U N T O    D E   A C U E R D O

PRIMERO.- Se exhorta al Ejecutivo Federal para que a través de la Secretaría de Economía (SE), Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), cancelen de manera definitiva los permisos y concesiones, si es que los hubiera, para las actividades de exploración y explotación del denominado “Lote Minero Espejeras” de Tetela de Ocampo y la región.

SEGUNDO.- Se exhorta a las Cámaras de Diputados y Senadores del Honorable Congreso de la Unión, para que a través de sus comisiones respectivas, impulsen la revisión, reforma y actualización de la Ley Minera, a la luz de criterios ambientales, sociales y productivos sustentables.

TERCERO.- Que en las reformas a la Legislación en la materia, deje de considerarse al oro y la plata como “metales de utilidad pública”, por no tener un valor estratégico para el desarrollo social, cultural y económico para la sociedad mexicana.

  

Atentamente

LA IGLESIA CATÓLICA EN EL MUNDO MODERNO

En opinión de algunos analistas especializados, el cristianismo que cotidianamente se practica en la Iglesia Católica, por diferentes causas sociales ha venido perdiendo vigencia y, como consecuencia de ello, espacios en distintas regiones y países del mundo, donde hay presencia ascendente de otras religiones.

Los informados en el tema sostienen que en el Reino Unido y Europa, la iglesia católica ha perdido millones de adeptos. En los Estados Unidos también perdió terreno sobre todo en el periodo del ex presidente George Bush, aunque parece haber repuntado un poco en el primer periodo del presidente Barack Obama, en el que posiblemente ha recuperado parte de sus mermadas legiones.

En América Latina vemos un desgaste ideológico progresivo del cristianismo y sus propios jerarcas lamentan frecuentemente la pérdida de valores y la falta de nuevos sacerdotes, el vínculo social más activo del catolicismo es probablemente el movimiento “guadalupano” mexicano, cuya fe es sorprendente y va trascendiendo hacia el centro y sur del continente americano, aunque habría que decir que éste parece ser más bien un fenómeno social antropológico de fe y folklore, que un resurgimiento de la esencia del cristianismo como doctrina de vida social.

Por otra parte, en algunos países la Iglesia Católica también está pagando el costo de la cercanía o alianza de algunos de sus ministros con la clase política y sus decisiones socioeconómicas equivocadas, recordemos en México las declaraciones y actos de fe del ex presidente Vicente Fox Quesada, y las de su sucesor, que siendo un poco más discreto, no se abstuvo de revelar sus creencias en el marco de una relación que históricamente no ha sido bien vista en nuestro país.

Existen razones que indican que la decadencia de la Iglesia Católica está directamente relacionada con la pretensión de aferrarse a sostener una esencia original que data de más de dos mil años,  tratando de imponer una religión que por más que luche por arraigar sus antiguas normas en la vida contemporánea, hace las veces de una liga que se estira y está llegando a su punto de inflexión.

Se considera que el Papa Juan XXIII trató de abrir algunas ventanas del catolicismo hacia la modernidad en el Concilio Segundo, pero también se señala que las resistencias interclericales opositoras se abocaron a cerrarlas después de su fallecimiento, la iglesia católica pretende imponer una vida que corresponde a otra época oponiéndose a todo lo moderno y científico.

Lo cierto es que el discurso de la Iglesia Católica basado en el sacrificio, la abstinencia y un conjunto de valores que sólo hablan de una vida llena de restricciones, ya no corresponde a las condiciones y necesidades de una sociedad diversa y extraordinariamente compleja, que está buscando renovar valores culturales, derechos y libertades jurídicas individuales y colectivas.

La Iglesia y sus ministros no hablan de la vida de hoy, si lo hacen, es para comparar y consignar las nuevas expresiones sociales con rígidos marcos morales forjados por el cincel de la antigua doctrina, esto más bien parece indicar que los líderes de la iglesia católica no están dispuestos, o no han encontrado la forma de vincularse con los nuevos temas o problemas de la sociedad actual.

Creo que en este sentido debemos entender la actitud de la iglesia católica respecto a la igualdad de género, una posición que a mi entender es completamente reacia, más parecen querer negarla que abordarla, en contraposición, la doctrina católica persiste en sostener una tendencia claramente masculinista, no obstante el gran debate internacional que está reivindicado la equidad de género y, en general, los derechos de las mujeres.

La iglesia católica se opone a la educación sexual escolarizada, a las políticas públicas informativas y de prevención mediante el uso de preservativos, que permitan dar cauce a las relaciones sexuales responsables y seguras, también se opone terminantemente a la píldora del día siguiente, entre otras cosas.

Qué decir de la oposición al aborto sin considerar razones genéticas, de salud pública, individual o problemas sociales, y que tienen que ver con el debate sobre el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

El hecho de que a las mujeres no se les permita oficiar o realizar tareas relevantes dentro de la iglesia, es otro asunto que está resultando una inflexión insostenible, que para muchas mujeres que profesan o son parte de la Iglesia, no tiene justificación clara como para tenerlas al margen de lo que ha sido su vida privada y social.

Mientras la iglesia católica cristiana continúe tratando a las mujeres como un sector social secundario, sin reconocer y validar sus demandas de igualdad de derechos y libertades plenas, se ve muy difícil que pueda tener una recuperación importante en el liderazgo social moderno, dado que la mujer ha sido y continúa siendo actor fundamental en la difusión y práctica de la religión católica y sus valores.

La Iglesia Católica también se ha distinguido por su fuerte renuencia a aceptar el  movimiento social mundial, que lucha por la reivindicación de los derechos y libertades de las llamadas minorías sociales, se opone a la libertad de la preferencia sexual, a las sociedades en convivencia, a la adopción por parejas del mismo sexo, entre otras nuevas formas de concebir la vida familiar.

Vaya, la iglesia católica ni siquiera ha querido enfrentar sus propios asuntos de diversidad como: los casos de pederastia, de homosexualismo interclerical, los casos de sacerdotes que viven en o con pareja, el alcoholismo intramuros o el enriquecimiento inexplicable en algunos otros casos.

Todo esto ha propiciado que la iglesia se vaya rezagando, enclaustrada en sus milenarias e insostenibles convicciones, con una disciplina que pretende ser ajena o negar un amplio abanico de nuevas expresiones sociales e interclericales, manteniendo forzadamente una ortodoxia fría apoyada por grupos sociales conservadores cada vez más reducidos.

Por otra parte, también empieza a ser socialmente incomprensible ver la imagen siempre tristemente frágil y decadente, de los líderes y figuras pontificias, tratando de conducir un movimiento doctrinario en condiciones extremadamente difíciles, alejados de una sociedad preocupada por problemas que ya no encuentran respuesta en la religión católica.

La iglesia católica debe considerar una serie de cambios en la visión y misión de su doctrina y desempeño social, y lejos de mirar con renuencia las nuevas manifestaciones, estructuras jurídicas y sociales de la vida contemporánea, debe asumirlas y desempeñar un nuevo papel de mayor valía para el ciudadano, las necesidades de cambio deben iniciar incluso, desde el diseño de sus edificios eclesiásticos donde se practica el culto religioso.

También es claro, que la iglesia católica cristiana debe estudiar, aceptar, luchar contra las diferencias sociales, políticas, jurídicas y económicas, actuar de cara a la sociedad y con la sociedad, en lugar de pretender ignorarlas, negarlas y mucho menos tratar de aniquilarlas mediante el silencio sepulcral.

Creo que la doctrina católica debe en todo caso, ayudar al ciudadano a vivir la vida de hoy, promoviendo los valores y derechos sociales, políticos y económicos como: los derechos humanos, la tolerancia, el respeto a las diferencias, a las preferencias sexuales y la autodeterminación de las personas sobre su cuerpo.

La iglesia también debe apoyar a los menesterosos y oprimidos pero de una manera más activa y menos contemplativa, involucrarse en los problemas sociales frente al Estado, un ejemplo de ello lo está dando el padre Solalinde, quien -sin pretender hacer de él un prototipo- es un ejemplo de valor y lucha en el movimiento migratorio sudamericano en tránsito por nuestro país.

 

La iglesia católica cristiana debe promover como parte de su doctrina: la solidaridad, la ayuda mutua, luchar más por la igualdad jurídica, los derechos humanos, la justicia social, salir a la calle y dejar un poco la comodidad de los fríos y aislantes espacios de las casas parroquiales.

REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL

Presentación

Durante los meses de noviembre y diciembre, la LVIII Legislatura del Congreso del Estado llevó a cabo la discusión de la reforma al artículo 24 de la Constitución Federal, reforma aprobada por el Congreso de la Unión, que por su carácter ameritaba la discusión en los Estados para su aprobación o rechazo.

 

A continuación presento el posicionamiento que sostuve en este proceso legislativo. Lo hago mediante tres documentos: dos discursos que pronuncié en el Pleno y el relato de algunas conversaciones con compañeros diputados después de haber concluido la discusión y fuera del salón de sesiones.

Primer Discurso en el Pleno

  

Deseo expresar a ustedes que soy militante por elección libre y razonada, de un partido político que tiene profundas raíces ideológicas en el pensamiento y la filosofía liberal.

 

Soy integrante de un partido que abrevó del liberalismo mexicano, de la lucha social histórica que dio origen al México Independiente, al Estado laico fraguado durante la Guerra de Reforma, de un partido que vivió la lucha social de la Revolución Mexicana, y la resistencia religiosa durante la guerra posterior a la Revolución Mexicana.

 

Estoy inscrito en las filas de un partido que abrevó en la filosofía política del Constituyente de 1857 y del de 1917, impulsor de la lucha social que conformó los movimientos sociales obrero, campesino y popular.

 

 

Políticamente me he formado en el partido que dio origen a los gobiernos que impulsaron la creación de las instituciones contemporáneas en busca de una democracia y justicia social plenas para todos los mexicanos.

 

Como producto de esta herencia ideológica y política, debo aceptar ante grupos de ciudadanos que hoy están aquí representados, ante mis correligionarios y compañeros de Grupo Legislativo, que al surgimiento de la Reforma que presentó mi partido en el Congreso de la Unión, y que hoy da sustancia a esta sesión, como muchos otros, fui asaltado por la desconfianza ideológica y el análisis prematuro del contenido de la reforma, incertidumbres que me llevaron a emitir opiniones y advertencias más temerosas que razonadas.

 

Sin embargo, después de haber estudiado y analizado a fondo y a la luz de mis convicciones liberales y progresistas los conceptos de la reforma, puedo expresar consciente y razonadamente que:

 

En mi opinión, vivimos en una sociedad informada, con una gran capacidad de juicio, con criterio amplio y con capacidad de análisis y elección.

 

Una sociedad que demanda libertad y una legislación amplia, para que cada ciudadano vaya más allá de los corporativismos ideológicos, políticos y sociales, y pueda elegir consciente y libremente sus prácticas ideológicas y políticas.

 

Aunque esta reforma parezca una lucha entre doctrinas religiosas, no lo es, ya que el contenido de la reforma no beneficia a una ni perjudica a otra; beneficia las libertades democráticas y garantías ciudadanas civilizantes.

Que por mi origen político liberal democrático, tengo la convicción personal y el compromiso social, de impulsar toda forma legal y legítima que signifique una ampliación y mejoramiento cualitativo, de las garantías y libertades ciudadanas, para que cada persona tenga la posibilidad de elegir por y para sí misma.

 

Expongo que la reforma no contraviene la esencia del artículo 24 constitucional vigente, por el contrario, desglosa y amplía positivamente su significado.

 

La reforma tampoco genera ambigüedades que den lugar a interpretaciones regresivas del 24 constitucional.

 

Las modificaciones propuestas y avaladas en el Congreso de la Unión por mi partido, tampoco contravienen ni ponen en entredicho la esencia y solidez de los artículos quinto, sexto, noveno, ciento quince y ciento treinta de nuestra Constitución Política Federal.

 

Que lo expresado en la reforma es una ampliación de los conceptos, que definen con mayor precisión las libertades y garantías ciudadanas.

 

Que en razón de lo anteriormente expuesto, me pronuncio a favor de la reforma al artículo 24 Constitucional, porque significa un avance en la cultura cívica y democrática ciudadana.

Muchas gracias

Segundo Discurso en el Pleno

 

La discusión más somera sobre las modificaciones a los artículos constitucionales 24 y 40, centran el debate entre defender un estado laico, o en defender un estado conservador, por llamar la situación en los términos más convencionales.

 

Si atendemos a esta lucha de posiciones, atrincheradas en paradigmas ideológico-políticos, será muy difícil llegar a un acuerdo que nos permita avanzar en el conocimiento de la esencia de las reformas.

 

Tampoco pretendo desconocer en esta discusión, que desde la concepción y presentación de la iniciativa original, hayan existido y existan, tentaciones retardatarias, orientadas a la modificación futura de los artículos 5, 6, 9, 115 y 130 de la Constitución.

 

Un asunto que hubiera sido grave, si los legisladores de mi partido, y de otros partidos que respaldaron finalmente la reforma, se hubieran dejado influir por algunos grupos afines a instituciones religiosas, que dieron principio a la discusión, pero que al final de ella, no quedaron tan complacidos con la redacción que hoy conocemos y discutimos.

 

Es una realidad, que en el curso de la discusión, se introdujeron cambios jurídico-políticos sustanciales, que fueron modificando el contenido y la forma de redacción.

 

Esto puede comprobarse en la última redacción de la exposición de motivos, particularmente la del Senado de la República, que agrega un componente muy sólido a las libertades y derechos políticos ciudadanos.

 

En esta evolución y redacción final de la reforma, debemos centrar la discusión, planteando que no solamente las convicciones religiosas son dignas de respeto y tolerancia, también todas las convicciones no religiosas: las humanistas, filosóficas, éticas, entre otras.

 

Si logramos aceptar, que además de las convicciones religiosas y no religiosas existen otras, entonces de manera evidente estaremos aportando valor agregado a la tolerancia y la pluralidad del pensamiento, a las conductas humanas, y por tanto, sociales.

 

La reforma del 24 adiciona, cito “Toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado” termino la cita.

 

En esta redacción, el nuevo texto nos está otorgando un estado y un clima social más laico y propositivo, pues una característica esencial del estado laico, es la libertad de conciencia y la plena libertad ética civilizante.

 

En función de lo anterior, si repensamos en estas dimensiones la reforma del artículo 24, veremos que lejos de acotar o eliminar derechos o libertades, la reforma está generando reivindicaciones, largamente anheladas por grupos sociales y personas, que hasta hoy se han sentido al margen del amparo de nuestra máxima legislación.

 

Me refiero, por supuesto, a grupos y personas que luchan por la discusión y las garantías de sus derechos políticos ligados a actos de conciencia, tales como los que buscan el derecho a la libertad para la interrupción del embarazo, los que luchan por el matrimonio entre personas del mismo sexo, o la libertad para practicar la eutanasia; libertades que por resistencias ideológicas o morales conservadoras no han alcanzado el estatus de derechos garantizados, y por tanto no cuentan con la protección constitucional.

 

Roberto Blancarte, que ha seguido con la mayor atención esta discusión, ha reconocido con o sin pesar, lo siguiente: Cito: “La asunción expresa del principio de la laicidad del Estado en el artículo 40 Constitucional, implicaría el reconocimiento de que todos los seres humanos, tienen el derecho a la libertad de conciencia, y a la de adherirse a cualquier religión o a cualquier corriente filosófica, en su práctica individual o colectiva”. Concluyo la cita.

 

Por esta razón, me permito sugerir a quienes legítimamente defienden el pensamiento liberal, que lean detenidamente, de forma crítica y complementaria, las reformas a los artículos 40 y 24 constitucionales.

 

Tampoco pretendo hacer una apología de las reformas, ni hacer culto al libertinaje o conductas antisociales, creo que en la legislación secundaria deberán precisarse los límites y los alcances de las reformas.

 

En lo personal, considero que el estado laico tiene que ser muy combativo, para continuar luchando y evolucionar de manera permanente, para superar paradigmas, llámense conservadores o liberales, regresivos o estacionarios, y avanzar en busca de una libertad moral plena, civilizante y constructiva, pues la intolerancia, proceda de donde proceda, es de lo más vergonzoso que puede generarse en una sociedad contemporánea.

 

Muchas Gracias

CONVERSACIONES POSTERIORES A LA APROBACIÓN

 

Después de la presentación de argumentos en favor o en contra de la aprobación de la reforma al artículo 24 Constitucional, se dio la votación y por mayoría de votos fue aprobada. Al término de la sesión se aproximaron a mí algunos compañeros diputados, expresando su asombro por mi posicionamiento y mi voto a favor.

No expongo sus nombres en este relato pero fueron legisladores de partidos de izquierda y uno de derecha.

“No es posible lo que acaban de hacer”,  exclamaron casi en coro refiriéndose a la aprobación de la reforma al artículo 24.

El sorprendido fui yo, contesté, y les dije: Ustedes dicen ser defensores de las libertades y los derechos ciudadanos, principalmente de las llamadas minorías, no entiendo por qué su voto en contra.

 

“Sí, pues no queremos retroceder en las libertades y derechos ya conquistados, como lo sugiere esta reforma que acaban de aprobar”, sentenció otro.

“A ver, ustedes impidieron el dialogo, no dieron lugar a la reflexión en la tribuna, ¿puedo hacerles algunas preguntas?”, repuse.

“Sí claro, las que gustes”, dijeron.

Muy bien, contesté.

¿Están de acuerdo o en desacuerdo que una mujer debe decidir sobre su cuerpo?, pregunté.

“Por supuesto”, exclamaron, “es su derecho”.

No, repuse, en todo caso ellas tienen una libertad natural a decidir sobre su cuerpo, mas esa libertad natural no ha sido reconocida como derecho por la sociedad.

“Pues no, pero estamos luchando por ello”, agregó otro.

Muy bien, si estamos de acuerdo en reconocer que una mujer tiene la libertad natural de decidir sobre su cuerpo, entonces, debemos estar de acuerdo en que esa libertad natural a la que me he referido, por virtud de la acción de los diputados, puede ser elevada al rango de derecho consagrado en nuestras leyes. ¿Están o no de acuerdo?, pregunté.

“Sí, claro que lo estamos”, respondieron.

Si los diputados logramos que esa libertad sea elevada a derecho consagrado en la constitución, entonces la autoridad deberá garantizar protección y amparo al derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. ¿Sí o no?

“Si por supuesto”, dijeron.

Ahora bien,  si se tratase de una persona que desea casarse con otra persona de su mismo sexo, le asistiría la misma libertad natural ¿si o no? Respondieron nuevamente “claro que sí”.

 

Entonces esa libertad natural también puede ser elevada a rango de derecho constitucional, para que la autoridad procure y garantice que esas personas gozarán de un derecho, argumenté.

“Sí claro”.

Bien pues justamente esa reforma que hoy aprobamos, y que ustedes votaron en contra, nos da esa posibilidad, la de reconocer libertades naturales y poderlas elevar a rango de derechos constitucionales que sean garantizados por la autoridad.

Entonces,  ¿en dónde encuentran ustedes que la reforma es negativa para la sociedad?

“Bueno si lo planteas de esa forma, claro que es positiva”, argumentó uno.

¿Pues entonces de qué otra forma debemos plantearla?, pregunté a todos.

“Bueno es que la reforma habla de la libertad de ética y de la libertad de conciencia, y son conceptos religiosos que no sabemos a dónde nos van a llevar”, agregó alguien.

La ética y la libertad de conciencia son conceptos que corresponden a la filosofía política, ustedes los han etiquetado como conceptos religiosos, precisé.

Pero es que, ¿dónde empieza y dónde termina la libertad ética y de conciencia? Preguntó alguien.

La libertad natural nos fue dada por la naturaleza humana, la libertad ética te la dan los valores humanistas y sociales que adquieres en la vida social, y que te permiten distinguir qué es positivo y qué es negativo para ti o la sociedad, los valores  éticos nos permiten discernir sobre lo bueno y lo malo.

La libertad de conciencia son las decisiones que tomamos y los actos que asumimos, partiendo de lo que entendemos como buenos o malos, a partir de nuestra libertad ética.

“Bueno, es que visto en esos términos sí”, refirió uno de ellos.

Entonces repito, ¿de que otra forma podemos o debemos ver la reforma?, por favor, ya expuse mis razonamientos, que alguien exponga los de ustedes, quiero entender por qué votaron en contra.

“Bueno, yo voté en contra porque los grupos sociales inconformes nos han apoyado mucho en los procesos electorales, y no les puedo quedar mal”, argumentó alguien de los presentes.

Ah, respondí, ¿entonces la política electorera subordinó a las libertades sociales y al derecho?

“No, no lo plantees así”, reaccionó el que había argumentado.

Entonces, ¿cómo debo entenderlo? Si me acabas de revelar la verdadera razón de tu voto en contra de la reforma.

“Bueno, yo te entiendo pero ellos no me iban a entender a mí”, replicó el aludido.

Pero cómo te van a entender, si me estas demostrando que tú no habías entendido el fondo, el sentido y los beneficios a que da lugar la reforma, por tanto, cómo se los ibas a explicar, repuse, además de que tú interés es netamente electorero y no social.

Ante su desconcierto indiqué “Bueno, desde mi libertad ética y de conciencia, yo me siento tranquilo porque impulsé una reforma positiva, que amplía libertades y las garantiza constitucionalmente. Allá ustedes y su conciencia”, concluí.

Después de esto se deshizo la reunión y tomamos caminos distintos, sin embargo, a poco andar encontré otro compañero diputado, de afiliación conservadora, quien al verme exclamó:

“Oye, empezaste muy bien tu discurso, pero después me desconcertaste con tu conclusión, me atacaste”.

No, por favor, ¿en qué momento te ataqué?

“Bueno, planteaste un sentido de la reforma llevada al extremo”, aclaró.

¿Qué fue lo que te pareció un exceso de mi parte?, interpelé.

“Pues que dijeras que la reforma plantea libertades que pueden proteger a grupos minoritarios, como los que plantean el aborto o el casamiento entre personas del mismo sexo”.

Respondí: “Ah, eso te parece un exceso, entonces, ¿cuáles son los alcances de la reforma? ¿O acaso no los tiene? ¡Me estás diciendo que fue una reforma inútil!”

“No, por supuesto que no, creo que solo se trata de agregar conceptos como la libertad ética y de conciencia, para comprender mejor la libertad de religión”.

Me perdonas, pero eso implicaría servir a las religiones y no a la sociedad, ustedes impulsaron desde el inicio esta reforma, ahora acéptenla como quedó expresada en la redacción del nuevo artículo 24,  con eso se abren las puertas al reconocimiento de nuevas libertades de existencia y convivencia ciudadanas y que debemos convertir en derechos. Señalé.

“Bueno esperemos que no suceda eso”, acotó.

“Pues yo espero que sí suceda, porque ahora pienso trabajar en una reforma, para que en Puebla, se permita que las mujeres decidan sobre su cuerpo y que se permitan los matrimonios entre personas del mismo sexo, entre otras nuevas formas de expresión social”, señalé.

“Te repito, espero que no suceda”, dijo y se despidió con un adiós.

Adiós, concluí, y cada uno retomó su camino.