Bajo los argumentos de que
los organismos electorales estatales están controlados por los gobernadores,
los partidos políticos dominantes, que los presupuestos de los organismos
estatales electorales son muy pesados para las finanzas públicas nacionales, y
que dichos organismos no garantizan la legalidad e imparcialidad, en el pasado
mes de septiembre inició una tensa discusión respecto a su desaparición o
permanencia.
Pero la discusión no es
nueva, desde hace varios meses la Confederación Patronal de la República
Mexicana (COPARMEX), realizó una propuesta con la intención de reformar la
legislación federal electoral, en el sentido de desaparecer los organismos
estatales electorales, y que se cree el Instituto Nacional de Elecciones (INE),
para que se haga cargo de los procesos electorales federales y locales en el
país.
Desde su presentación
pública la propuesta recibió múltiples comentarios en diversos sentidos. Algún
sector del Partido Acción Nacional la recibió con interés manifiesto, otro
sector del mismo partido la vio con reservas, en el mejor de los casos la
propuesta polarizó las opiniones al interior de ese partido.
Algunos Gobernadores como el perredista Arturo Núñez
de Chiapas, recibieron la propuesta con cierto interés y la sometieron a
estudio dándole el beneficio de la duda.
Algunos especialistas en el
tema como el ex-titular del Instituto Federal Electoral, académico,
investigador, y hoy consultor en temas político electorales y de gobernabilidad
José Woldemberg, de plano se ha
pronunciado a favor de la vigencia de los organismos estatales
electorales.
La Conferencia Permanente del Congresos
Locales (COPECOL), que reúne en un mismo foro de discusión a los Legisladores
Locales de todos los partidos políticos de las entidades federativas, en su
Tercera Asamblea Plenaria, celebrada los días 28, 29 y 30 de agosto del año en
curso, concluyó los debates con un pronunciamiento aprobado por consenso en
contra de la creación del Instituto Nacional de Elecciones, etiquetando la
propuesta como eminentemente patronal, conservadora y centralista.
Pero la discusión ha cobrado mayor fuerza y
atención sobre todo a raíz de que los partidos Acción Nacional y de la
Revolución Democrática, presentaron en septiembre pasado ante el congreso de la
unión, sus respectivas reformas a la Legislación Federal Electoral.
El tema ha despertado una gran y saludable
controversia: Armando Ismael Maitret Hernández magistrado de la Sala Regional
del Distrito Federal del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF), se ha pronunciado a favor de la permanencia de los Institutos
Electorales Locales, considerando que la desaparición no es la solución a la
falta de autonomía.
En tanto que el Presidente y Magistrados del
Tribunal Estatal Electoral del Estado de Puebla Francisco Javier de Unanue y
Bretón, considero la propuesta como una “concepción equivocada de la
democracia”.
Creo que en general, los expertos y
académicos se han pronunciado en contra de la propuesta de crear el Instituto
Nacional de Elecciones, calificándola hasta de “retrograda” y contraria al
espíritu federalista de la Constitución política de 1857.
Los Argumentos de quienes reprueban esta
alternativa son diversos, pero la generalidad coincide en considerarla como,
“un atentado contra el Federalismo y la autonomía de las entidades
federativas”. Además, sostienen que analizando el presupuesto de una elección
federal, y el ejercicio agregado de los organismos de las entidades
Federativas, resulta ser más caro el proceso electoral centralizado que el
descentralizado.
Otro argumento en contra de la propuesta
Patronal señala, que un Código Electoral Nacional generaría un universo de
inconvenientes por la diversidad de características, usos y costumbres, que
integran la democracia representativa de cada entidad, sus regiones y
municipios.
Lo cierto es que la propuesta dará mucho de
qué hablar en los próximos meses o quizás años, por lo pronto las dirigencias
del PAN y la COPARMEX presionaron para que la propuesta formara parte del
Adendum del “Pacto Por México”, un gran logro para la Confederación Patronal
aunque, se ve muy difícil que pueda prosperar para la próxima Reforma Política
Electoral Federal, a menos que el PAN
aliado con el PRD la presenten como condicionante para otorgar su apoyo a la
Reforma Energética.
Por mi parte, deseo expresar que nadie puede
negar que los organismos estatales electorales están pasando por una profunda crisis
de credibilidad, crisis que se refleja en cada proceso electoral, donde los
organismos son cuestionados y exhibidos como apéndices gubernamentales locales,
porque en el mejor de los casos son el resultado de las negociaciones
partidistas en los congresos locales donde son electos los consejeros que los
integran, por esa razón, la participación ciudadana en los procesos comiciales
locales ha descendido, y en algunas entidades federativas ya está por abajo del cincuenta por ciento de
las listas nominales.
Esto ratifica que efectivamente por la falta
de legitimidad y la sospecha de parcialidad de los organismos electorales,
estos ya no representan efectivamente a la sociedad, sino a las fuerzas
políticas partidistas o gubernamentales que los proponen y eligen, y por tanto,
no son árbitros imparciales en las jornadas político-electorales de estados y
municipios.
En tal circunstancia, es importante
reconocer el grave estancamiento en el que se encuentra nuestra democracia
representativa, y por tanto, considero que es urgente motivar un dialogo social
amplio que nos permita encontrar las puertas de salida a un nuevo ciclo,
marcado por el fortalecimiento de los organismos electorales como parte
esencial en el avance de nuestra cultura democrática.
En tanto no se concrete esta discusión
amplia creo pertinente expresar, que la defensa del federalismo, de la
autonomía de la entidades federativas y municipios, dependen de la
ciudadanización efectiva de los órganos electorales; de un sistema vigoroso de
fiscalización del uso de recursos en las contiendas políticas locales; y de la
existencia de sanciones ejemplares que generen jurisprudencias en las campañas
políticas.
Esto es, que el fortalecimiento de los
órganos electorales locales debe lograrse con la ciudadanización real, donde
los consejeros electos no tengan vínculos con los partidos políticos o instancias
gubernamentales, para ello la selección debe hacerse mediante convocatoria
abierta, sin candados de exclusión, donde los consejeros puedan ser electos no
por los congresos Locales, sino por un organismo ciudadano comprometido con la
cultura política democrática.
Insisto, el fortalecimiento de los órganos
electorales debe lograrse sustituyendo el amañado proceso de selección y
elección por votación en las legislaturas locales (Grupos Parlamentarios
Partidistas), donde la negociación vicia el proceso, quedando en un mero reparto
de posiciones votadas por consenso, en sustitución de esta, proponemos como
método un proceso de selección y elección ciudadana por insaculación.
Pero también es necesario fortalecer los
órganos electorales locales, con autonomía presupuestal y con un fuerte sistema
de fiscalización sobre la procedencia, uso de recursos y topes de campañas,
para hacerlas más equitativas y que dejen de ser lo que hoy parecen ser, subastas o tianguis de votos y votantes.
El fortalecimiento de los órganos
electorales locales, también debe lograrse mediante el endurecimiento de las
legislaciones electorales, con el propósito de tipificar los excesos de gastos
y las violaciones a la ley como delitos graves y causas de nulidad de las
candidaturas, solamente así, podrán erradicarse las tentaciones de candidatos
pragmáticos, que en su búsqueda voraz de poder atropellan todo propósito de
consolidación de una cultura democrática de calidad para nuestro país, para las
entidades federativas y municipios.
